La Fundación Gizakia Herritar, más conocida como París 365, ha firmado un manifiesto junto a los colectivos hARITU Elkarlaguntza Sarea / Red de Apoyo Mutuo, Pah-hut Navarra Nafarroa, Martes al sol, Jaki Toki, Txantreako Asanblada Okupa, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Navarra y SOS Racismo Nafarroa contra la nueva Ley de Vivienda que se está tramitando en el Parlamento de Navarra.  Las entidades firmantes han dado a conocer su postura en una rueda de prensa frente al Parlamento, hoy, 29 de marzo, a las 11.00 horas, y han anunciado movilizaciones si no se cumplen los mínimos que han exigido en el siguiente escrito:

La vida de la clase trabajadora, y especialmente la de la población en situaciones más vulnerables, se encarece y precariza a golpe de crisis, la de 2008 y la de la actual pospandemia. Mientras, la política cada vez está más supeditada a cualquier giro de guión de las élites económicas en el plano geopolítico.

Ni siquiera la legislación sobre un aspecto tan específico de la vida de las personas como la vivienda es ajeno a este contexto. El libre mercado ha ido adueñándose del precio del techo bajo el que dormimos, que cada vez pertenece menos a quien lo habita y más a quien ha convertido el derecho en negocio. Esto no sólo se limita al acceso a la vivienda, sino también al acceso alimentos, empleo o suministros básicos como la luz y el gas.

Según la tasa AROPE del 2021, que mide índices de pobreza y exclusión social, en Navarra un 11,4% de las personas encuestadas no pudo hacer frente al pago de gastos de vivienda y facturas de suministros a su debido tiempo, el doble que en 2020. Mientras los salarios bajan, el precio de los alquileres en el mercado libre sube incesantemente.

Hemos normalizado que el derecho universal a la vivienda se degrade hasta el punto de no poder llegar a fin de mes, encontrar constantes trabas burocráticas para acceder a ayudas, y familiarizarnos con conceptos como infravivienda, hacinamiento o desahucio. La Ley de Vivienda del Gobierno central y la correspondiente del Gobierno de Navarra se venden en titulares como actos revolucionarios, cuando la letra pequeña dice otra cosa bien distinta, en opinión de los colectivos firmantes de la siguiente propuesta de mejora de la Ley.

En primer lugar, nos gustaría señalar que, a pesar del supuesto compromiso del Gobierno de Navarra de mantener de manera indefinida la propiedad pública de los parques de vivienda de protección oficial, lo que recoge realmente la propuesta de ley es lo siguiente: que tras 21 años, este tipo de vivienda podrá entrar al mercado y, en consecuencia, perder su calificación pública.

Este falso periodo “indefinido” supone un parche cortoplacista que, a la larga, volvería a dejar en la calle a muchas familias, tal y como ha ocurrido en los últimos años en Rotxapea, Berriozar, Sarriguren, San Jorge o Buztintxuri. Las constructoras se seguirán enriqueciendo a costa de esas familias gracias al cobro de la renta de la vivienda durante 21 años, así como de las ayudas públicas para la construcción de esas viviendas. Y cabe señalar que, durante las últimas tres décadas, un total de 29.000 viviendas protegidas han pasado al mercado libre.

El segundo punto de la ley que nos preocupa es el Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA), que calcula el porcentaje de renta que los y las vecinas de un lugar concreto destinan al pago del alquiler. Esta es una herramienta que podría ser útil para regular y rebajar los desorbitados precios del libre mercado, pero que será estéril si no se actualiza anualmente en función de precios y salarios.

En tercer lugar, muchas de estas medidas y prestaciones no se adecúan a las situaciones reales de las personas que sufren mayores desigualdades, como las de rehabilitación o las desgravaciones fiscales propuestas. Además, el dinero de estas ayudas acaba nuevamente en la mano de pequeños rentistas, bancos o fondos buitres.

Por último, esta modificación de ley no facilita de ninguna manera el empadronamiento. Muchas personas seguirán sin tener acceso a múltiples servicios y prestaciones como recibir formaciones oficiales o ayudas de vivienda, por ejemplo. Si la ley sigue adelante, las personas en situación administrativa irregular seguirán sin poder optar al censo de vivienda protegida ni a las ayudas David-Emanzipa.

Ante la insuficiencia de esta Ley, exigimos unos mínimos que garanticen una vivienda digna como la calificación definitiva de las viviendas de protección, el aumento del parque de vivienda público y el empadronamiento garantizado.

Por todo ello, reivindicamos la necesidad de organizarnos para denunciar la insuficiencia de la respuesta institucional ante la problemática de la vivienda y los problemas estructurales que esta representa.